“Antes era un ser humano, ahora soy un criminal”

Publicado: octubre 22, 2010 de ginnochaparrosilva en Audiencias y Procedimiento Penal

Una de las funciones del Derecho es la función ordenadora que en pocas palabras comprende poner orden tantas veces como surjan conflictos en la sociedad. Una de las formas de poner orden se lleva a cabo mediante el Derecho penal y su primogénito, el sistema penitenciario. Sin embargo en Colombia este sistema no está siendo utilizado  de manera adecuada para corregir los conflictos de esta sociedad. El sistema penitenciario es la primera herramienta de la que se vale el Estado colombiano para disminuir la criminalidad y los problemas sociales, pero al concebir el sistema penitenciario como la primera medida de orden social, se están menoscabando los fines sociales del estado y los derechos humanos. Este sistema penitenciario está regido por ciertos principios contemplados en el Código de procedimiento penal, como libertad, igualdad, imparcialidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho de las víctimas y publicidad.

En estas audiencias se violan todos los días sus principios rectores como el principio de igualdad3. El primer ejemplo visible fue una audiencia pública ante una juez de garantías, llevada a cabo el día 21 de octubre de 2010, en la cual se vio obligada a enviar un oficio de petición de restitución de un defensor público a la facultad de Derecho, por que el Estudiante incurrió en irresponsabilidad en el ejercicio. En otras palabras la víctima del caso no obtuvo una defensa medianamente aceptable que le permitiera una igualdad ante su contraparte, solo por no tener el dinero suficiente para pagar una buena defensa, esto también está relacionado con el deteriodo del derecho a una defensa. Pienso que no solo se tiene derecho a una defensa, sino a una adecuada o por lo menos una defensa aceptable; Afortunadamente en este caso la jueza garantizó este principio. Otra perspectiva de desigualdad se hace ver en que muchas de las personas que son partes en las audiencias públicas judiciales, no entienden cómo funciona el sistema judicial, en muchos casos no saben cuáles son sus derechos o no entienden ni siquiera algunas palabras que les dirige el juez. Esto por supuesto es una visible condición de desigualdad ya que unas personas no cuentan con el mismo nivel de educación que otras. Sin embargo se puede decir que se trata igualmente a cualquier individuo con respecto a su raza, cargo o condición social, es decir se cumple la igualdad en el procedimiento penal pero hay una sería diferencia social que viola la igualdad constitucional, la cual es mucho más importante.

El principio de imparcialidad se ve claramente en las audiencias, ya que los jueces están obligados a solicitar prueba para casi cualquier afirmación de los hechos, sin observar la apariencia física ni la condición social “en teoría”. Sin embargo a veces se hace evidente que los estereotipos sociales como la forma de vestir y hablar de las personas hacen que se les crea muy poco de lo que dicen. Por ejemplo hubo un caso en el que a dos personas las acusaron de haberse robado un cable por el simple hecho de ser habitantes de la calle y por ser las personas más cercanas al objeto. Muy seguramente si hubiera estado una persona muy bien vestida, de corbata por ejemplo, no lo hubieran acusado de lo mismo debido a que no “aparenta” necesidad de robar algo así. Se puede decir que en el tribunal los van a tratar con un poco más de imparcialidad que la policía, sin embargo también la policía es una autoridad y debe actuar con imparcialidad al momento de llevar a instancias judiciales a una persona, máxime cuando los privaron de su libertad con el nombre de “detención preventiva”, solo por  haber sido deliberada e imparcialmente acusados ante un juez.

Este principio también está relacionado con el de la presunción de inocencia, por lo mismo anteriormente explicado; Si es cierto que se debe garantizar la presunción de inocencia y debe ser tratado como tal, no debería darse la privación de la libertad. En una audiencia se acuso por hurto agravado y calificado a una persona, la cual se declaró inocente y sin embargo el juez lo remitió a la cárcel por detención preventiva. Desde luego el juez está garantizando la comparecencia, pero sin lugar a dudas se está menoscabando el derecho a la presunción de inocencia.

Los derechos de las víctimas están relacionados con el caso anteriormente mencionado en el cual, la defensa de la víctima (el defensor público), pedía el aplazamiento de la audiencia argumentando que la victima estaba en una situación económica deplorable y no podía asistir por falta de dinero. Pero la defensa ni siquiera estaba enterada que el Art. 11 del CPP otorga a la víctima las garantías necesarias para la administración de justicia. Por lo tanto la jueza pidió la relegación del cargo de la defensa y así se garantizó una adecuada administración de justicia para una víctima.

En esta entrada también me propongo demostrar brevemente por que se da el deterioro de los fines sociales del Estado y los Derechos humanos con ejemplos reales en Colombia.

La política criminal en Colombia se ha estado endureciendo en torno a las penas por la comisión de los delitos contemplados en el Código penal.  Un ejemplo de esto es la ley que cursa en el congreso a propósito de la criminalización de menores de edad y también lo demuestra el aumento drástico en la tasa de encarcelamiento sobre todo en el periodo entre 1994 y 2008, la cual representa un 129% de crecimiento1. Esto parece ser resultado de un fuerte aumento en la criminalidad y también del endurecimiento de la penalización.

Este problema creciente de la criminalidad es producto de una mala interpretación de los fines sociales del Estado, en concreto se está prevaleciendo la “seguridad ciudadana” por encima de Derechos fundamentales como el derecho a la Igualdad que establece la constitución en su artículo 13 y también de los “fines esenciales del Estado” como “promover la prosperidad general y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales”2. Es cierto que las conductas delictivas son reprochables pero son tanto o más reprochables las condiciones de poblaciones como la carcelaria y la marginada. Teniendo en cuenta los altos índices de violencia dentro de las cárceles por parte de las autoridades y también la tasa de hacinamiento (150% en el 2008). Ello menoscaba los derechos humanos.

Por otro lado el problema de la educación se hace evidente al saber que el 96% de la población carcelaria no ha pasado de bachillerato (2008)4, si contar con el bajo nivel académico de las instituciones educativas por donde apenas pasaron. Por otro lado la oferta de estudio o trabajo dentro de los centros penitenciarios en muy baja o casi nula, exceptuando las cárceles Modelo y Distrital de Bogotá5.  El hecho de que no se ofrezca una adecuada educación y oportunidades de trabajo a la población reclusa, contraría la esencia del sistema penitenciario el cual es la resocialización. El sistema penitenciario fue creado con el fin de “devolver” personas social y laboralmente aptas para la convivencia y el progreso6. Sin embargo La falta de oportunidades de la sociedad Colombiana y en mayor medida de la población carcelaria hace que los programas de resocialización, a cargo de la “super política criminal” sean un fracaso en Colombia.

A mi modo de ver este sistema penitenciario está sustentado en una falacia interpretativa, que consiste en interpretar el principio constitucional de “la prevalencia del interés público por encima del particular”, en el sentido de que prevalece la seguridad de las personas por encima de los intereses o condiciones que llevan a las personas a robar o a matar. ¿Pero acaso no prevalece más que la mayoría estas personas que llegan a ser criminales, son personas marginadas y en condiciones de extrema desigualdad?.  Pienso en realidad que si se hiciera una correcta interpretación constitucional de los fines sociales del Estado Colombiano sucederían dos cosas fundamentales: la primera es que se declararía inconstitucional una gran parte del actual sistema penitenciario. La segunda es que se pasaría de remediar el problema inmediato de inseguridad a remediar el problema de fondo, es decir concentrarse en la gran desigualdad de la sociedad Colombiana. Esta sería una solución menos ingenua, menos inmediatista, más inteligente y por ende más observante de los “reales Derecho humanos” y que lograría identificar los verdaderos fines sociales del Estado.

1.        Iturralde, Manuel.  “Prisiones y Castigo en Colombia: La Construcción de un Orden Social Excluyente”. P. 1.

2.        Constitución Política de Colombia, 1991

3.        Código de procedimiento penal Colombiano, Art. 4°.

4.        Iturralde, Manuel. P.8.

5.        Multimedia Distrital, la cárcel modelo  (Disponible en: http://static.elespectador.com/infografias/carcel/a1.html)

6.        Iturralde, Manuel. P.7.

Ginno Chaparro Silva (201012539)

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