Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia

Publicado: septiembre 13, 2010 de da1121rincon en Fetichismo Juridico

Frente al caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia el Derecho actúa como una herramienta de control.

Herramienta de control debido a que mediante las disposiciones promulgadas por la Corte Constitucional de Colombia busca no sólo proteger los derechos de las mujeres colombianas sino además, incentiva o desanima llevar a cabo ciertas conductas. Por ejemplo, el aborto en Colombia, el cual desde el año 2006 no es constitutivo delito en tres casos específicos según la sentencia C-355 de 2006, mediante la cual la Corte Constitucional de Colombia lo despenalizó en casos como:

  • La malformación del feto.
  • El riesgo de muerte de la mujer.
  • La violación de la mujer.

Así, una mujer colombiana tiene el derecho de acceder a servicios de salud en cualquiera de los tres casos anteriores y obligarles a que se le sea practicado un aborto si es esa su voluntad.

Un argumento en contra asegura que a pesar de que la Corte Constitucional busque regular el número de casos de aborto en el país,  aún no es clara la cifra de abortos legales que se comenten anualmente. Así, ni el Ministerio de la Protección Social ni La secretaría de Salud ni la publicación médica The Lancet rinden informes compatibles unos de los otros, presentando cada uno cifras diferentes del número de abortos legales realizados en Colombia. Si ésta situación es analizada desde ahí hasta los casos que se dan fuera de los estipulado por la ley se podría cuestionar la eficacia de dicha sentencia desde el impacto que provoca en la sociedad hasta el desconocimiento del número de abortos anualmente dados en nuestro país.

“Ni las cifras oficiales permiten una idea general y creíble de la aplicación real de la ley, ni las organizaciones sociales y organismos internacionales se ponen de acuerdo”[1].

Ahora, mi argumento a favor sobre la eficacia de la sentencia C-355 de 2006 consiste en que al aprobar su realización en esos tres casos determinados se estaría obligando a entidades médicas a prestar dicho servicio aunque no coincida con sus presupuestos morales.

Así como sucedió en el caso de una mujer colombiana que acudió al hospital San Ignacio (adscrito a la Pontificia Universidad Javeriana) de Bogotá con una orden del juez para que le fuese practicado el aborto. El hospital de los jesuitas se negó a prestarle el servicio aunque ella voluntariamente, por malformación del feto, quería interrumpir su embarazo presentando uno de los tres casos en los cuales es despenalizado. La devoción católica de dicha entidad adscrita a la Pontificia Universidad Javeriana no acepta el aborto como alguna medida permitida a realizar en los establecimientos de dicho hospital.

Debido a la violación del derecho de aborto de dicha mujer, el centro asistencial fue sancionado con una multa de 11,53 millones de pesos.

La directora de programas de WLW (Women’s Link Worldwide) justificó dicha decisión señalando: “Porque le fue negado el derecho a la mujer de interrumpir un embarazo cuando el caso cabía dentro de las circunstancias legales”[2].

Por otra parte, el centro asistente “recurrió a la objeción de conciencia institucional para no realizar la intervención médica”, pero aún así su argumento no fue de gran controversia frente al incumplimiento de dicho derecho aunque incluso el derecho a la vida fue expuesto como argumento a favor de la decisión tomada por el hospital San Ignacio de Bogotá.

“… Siendo así las cosas, el Estado no puede —y la Corte Constitucional lo sabe— obligar a terceras personas a cometer delitos. Debe saber entonces la opinión pública que la sanción impuesta al hospital en mención no se fundamenta en el fallo de la Corte Constitucional ni tampoco en ninguna ley, sino en un decreto arbitrario (decreto 4444/06) del Ministerio de la Protección Social”[3].

La sentencia C-355 de 2006 como un fallo vigente e ineludible se torna una herramienta de control en los casos de aborto en Colombia.

Aunque algunos consideran que en Colombia el derecho toma un papel como instrumento de emancipación, basándose en el fetichismo jurídico expuesto por Julieta Lemaitre Ripoll, el cual evoca la capacidad del derecho de engañar y generar una esperanza para que, según éste caso las mujeres crean que la ley si está haciendo algo por ellas, mi posición aún no declina frente a esos argumentos y por ende, así, mediante el caso anterior justifico que el derecho protege y actúa como herramienta de control en los casos que hacen alusión a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia.

Dianny Alejandra Rincon G.

201013786


[1] http://www.elespectador.com/articulo126831-cuentas-y-los-cuentos-del-aborto

[2] http://www.elespectador.com/articulo139731-sancionado-hospital-san-ignacio-negarse-hacer-un-aborto

[3] http://www.elespectador.com/lectores-opinan/columna140700-el-hospital-san-ignacio-y-el-aborto

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