Sistema jurídico en La Sierra, ¿es posible?

Publicado: agosto 13, 2010 de juanosma en La Sierra

La Sierra, es un barrio de la ciudad de Medellín donde había gran presencia de bandas ilegales que se dedicaban a la violencia y la dominación territorial, entre otros actos ilegales.

Hace poco, ocurrió un hecho en las comunas de Medellín, dos bandas delincuenciales se enfrentaron a muerte, donde solo organismos del Estado pudieron detener la pelea y disipar a los delincuentes. Esto es un muy buen ejemplo que La Sierra está acogida al sistema jurídico colombiano porque depende totalmente del monopolio de la fuerza del Estado, también de sus leyes para poder vivir en comunidad y sociedad.

Estas bandas ilegales montaban un sistema de operaciones, en el cual se impartían normas y justicia a las demás personas de una forma ilegal.  No es posible que sea ordenamiento jurídico que pueda considerarse como el sistema jurídico[1] colombiano, porque la imposición de normas debe hacerla un órgano autorizado, es decir, debe ser una persona que está calificada por el Estado para  dictar normas e impartir justicia: “Solo una autoridad competente puede establecer normas válidas, y esa competencia solo puede basarse en una norma que faculte a imponer normas”[2]. Quizás uno de los argumentos más importantes es que no se puede considerar a las “autoridades” de La Sierra como producto de un ordenamiento jurídico, porque estos grupos no son reconocidos por el Estado, y en su carácter de ciudadanos colombianos no pueden conformar un subsistema jurídico, y mucho menos hacerlo de una forma violenta e ilegal.

El sistema impuesto por las bandas ilegales no puede considerarse como un “Estado social-político” porque existe un uso ilegal del poder. Por eso, en palabras de Boaventura[3]: no existe una retorica porque se actúa y se acatan las órdenes de los criminales por el miedo, por miedo a morir, no por la convicción  de que lo que los grupos ilegales digan sea cierto. El organismo burocrático que tienen dentro de la plantilla es ilegal, un organismo ilegal no puede ser reconocido por ningún sistema jurídico. Y es obvio que hay un total uso de la violencia.

Pero hay un problema con Boaventura, y es que encuentro muchas falencias en sus aclaraciones, a mi parecer un sistema jurídico no puede estar conformado por estas tres cosas, porque entonces cualquier persona podría fabricar su derecho y a su vez su propio sub-sistema jurídico: “Una vez que el concepto de derecho fuera desprendido del concepto de Estado, la identificación de la pluralidad de los derechos no tendría limite, con el resultado de que, si el derecho está en todas partes, no está en ninguna[4]; lo cual formaría un caos en la sociedad y dejaría de existir el control de mando que tanto necesita el hombre para vivir en sociedad; como mencionaba Hobbes: debía existir un ente que mediante el miedo, mantuviera al hombre en sociedad. Este ente lo llamó Leviatán.

Es cierto que antes no había presencia del Estado en La Sierra, pero el ciudadano colombiano está en capacidad de exigir que le respeten sus derechos fundamentales, y en caso de que no se cumplan, hay medidas legales para hacerlos cumplir.
Por estas razones, en el caso de las bandas delincuenciales e ilegales, no existe un  pluralismo jurídico en Colombia.

Y para terminar quiero cerrar con una pregunta:
¿Sería posible que cada persona pudiera tener su propio sistema jurídico sin la necesidad de depender del colombiano?


[1] Definiendo que es un sistema jurídico: Carlos Santiago Nino menciona: “Preguntarse por la caracterización del concepto de sistema jurídico es otra forma de inquirir por una definición del concepto de derecho, pues “sistema jurídico” y “derecho” en sentido de derecho objetivo se usan como sinónimos” Por derecho objetivo se entiende: Conjunto de ordenamientos imperativos y atributivos que regulan la conducta externa del individuo en sociedad, es decir las normas que rigen el actuar del hombre en una sociedad; el derecho objetivo se puede dividir en público (general) y privado (individual).

[2] Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, pg. 202

[3] Sociólogo jurídico brasilero

[4] Sally Engle Merry, John Griffiths, Brian Z. Tamanaha. Pluralismo Jurídico. Contribuciones, debilidades y retos de un concepto polémica. Libardo Ariza, Daniel Bonilla. Pg. 56, cita 16.

Juan Camilo Osma Potes
201013489

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